Fracción Trotskista Cuarta Internacional

Nuevos comandantes de las FFAA confirman su compromiso con la impunidad

Sebastian Munch — 2015-02-07T19:24:36Z

El pasado lunes 2 de febrero se efectivizaron, en actos públicos, las renovaciones en los altos mandos de las FFAA. En particular se designó a Guido Manini Ríos como nuevo comandante en jefe del Ejército, a Leonardo Alonso como jefe de la Armada, Nelson Pintos como comandante del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), la continuidad hasta octubre (fecha de su retiro) de Washington Martínez como comandante de la Fuerza Aérea, entre otras designaciones de cargos.

En estos actos estuvieron presentes altos jerarcas del gobierno, en especial el presidente de la República José Mujica y el Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, y las próximas máximas autoridades del futuro Poder Ejecutivo, empezando por el presidente electo Tabaré Vázquez y el futuro canciller Rodolfo Nin Novoa. A su vez también estuvo presente el arzobispo de Montevideo y flamante cardenal (nombrado por el Papa Francisco) monseñor Sturla.

El cinismo de los nuevos jefes de las FFAA del “gobierno progresista”.

Los flamantes jefes Guido Manini Ríos (Ejército) y Leonardo Alonso (Armada), en sus declaraciones de asunción, no tuvieron prurito en pedir aumento presupuestal y en especial de parte de Manini Rios de pronunciarse en sus deseos de cristalizar la impunidad de los crímenes de la dictadura y la política de “reconciliación de las FFAA con el pueblo”. Dando desde ya por sellada la imposibilidad de todo avance en cuando a obtener más información acerca de los crímenes de la dictadura [1], siendo que es públicamente sabido que todavía no se han abierto todos los archivos de las FFAA de la época.

En particular Alonso se refirió a hechos ya del pasado, en referencia a los resonantes casos de corrupción y saqueo de fondos públicos por parte de oficiales de la armada, y que era necesario un aumento presupuestal “para renovar la flota” [2] para que la armada pueda cumplir con la tarea de salvaguardar los recursos naturales de la plataforma marítima (es una obvia referencia a la futura compra multimillonaria que se realizara en breve de varios patrulleros interoceánicos, a favor de la Armada Nacional).

Por su parte Manini Ríos, se encargo de presentar con toda claridad el perfil de su jefatura, pidiendo aumento presupuestal y sobre todo, lo que ya mencionábamos acerca de su compromiso con la impunidad de los crímenes de la dictadura. Diciendo por ej. que no es “muy optimista en cuanto a que pueda obtener datos que no hayan obtenido mis antecesores, que tuvieron toda la voluntad de conseguir esa información, pero si yo la llegara a conseguir por alguna razón, sea cual fuere, voy a ponerla a disposición, buscando con eso dar un paso hacia la reconciliación” [3] y que "Pienso que los 30 años transcurridos es mucho tiempo y esto ya no es historia reciente, es historia lejana. Creo que tenemos el derecho los integrantes del Ejército a hablar de cosas del futuro y no de seguir hablando de cosas del pasado. En términos generales, creo que la expresión (de dar vuelta la página) usada por mi antecesor es válida". [4]

Con todo el descaro que puede otorgar la impunidad de que goza su podrida institución, el general Manini Ríos pretende, con la veña del actual presidente Mujica y el futuro presidente Vázquez y todo el régimen político, cerrar la investigación de los crímenes de la última dictadura, sin más argumento de que se agotaron todas las vías de investigación, teniendo en cuenta la supuesta “buena voluntad” (sic!) de sus antecesores y haciéndose cínicamente el distraído con respecto a toda la información todavía no pública y clausurada bajo siete llaves, que existe en los archivos del ministerio de Defensa y en particular los archivos del Ejército. Le toma el pelo a los vivos y a los muertos, empezando por la memoria de los detenidos desaparecidos de la última dictadura, a los miles de presos políticos, a los familiares, etc.

"Sí, voy a continuar, ni que hablar"

Es lo que declaró a la prensa [5] el Ministro de Defensa Fernández Huidobro. Confirmando su continuidad como jefe de dicha cartera ministerial en el futuro gobierno de Tabaré Vázquez, afirmando que ese tema "ya está saldado" [6]. Luego de ser impugnada su designación como futuro ministro de Defensa, por diversas organizaciones de DDHH, organizaciones y sindicatos de izquierda y algunos sectores “críticos” dentro del FA, en una movilización a fines del año pasado. A partir de las insultantes declaraciones del ministro contra algunas de dichas organizaciones de DDHH [7], que han cuestionado su gestión al frente de la cartera, durante la cual se ha trancado todo avance en la investigación de los delitos de las FFAA durante la dictadura y que refleja, desde la visión de amplios círculos, la complicidad del ministro con la impunidad de los represores.

Así empezará el gobierno de Vázquez, con la ratificación al frente del ministerio de Defensa, de un ministro públicamente reconocido (incluso por él mismo) como amigo de los militares, y gran aliado de una institución violadora de los DDHH y verduga de la clase obrera uruguaya.

El ministerio de la impunidad y de los criminales que todavía violan los DDHH humanos en Haití y otros lugares del mundo.

Algunas de las últimas perlas, de este ministerio representante de reos de lesa humanidad y que tiene y tendrá al frente a su querido y tan confiable ministro Huidobro, son para empezar, la polémica continuidad de la permanencia de las tropas uruguayas de ocupación en Haití, a partir del golpe de estado que hubo en dicho país (que ya viene de años a partir de que el actual presidente no llamó a elecciones y últimamente incluso ya disolvió el parlamento). El ministro Huidobro ha declarado con un descarado cinismo que no se retiraran las tropas salvo que haya un “flagrante golpe de Estado” [8] , más allá de que el futuro canciller Nin Novoa anunció que se estaba estudiando un futuro retiro [9]. Por ahora, en los hechos, lo que hay es que el parlamento uruguayo ratificó la permanencia de las tropas en diciembre de 2014 [10]. En los hechos, lo que hay es que el Uruguay ha cumplido durante una década los mandados del imperialismo norteamericano en Haití, mediante las fuerzas de ocupación de la ONU, acusadas de reiteradas violaciones a los DDHH en dicho país.

Otra de las últimas perlas del ministerio de la impunidad y de su mediático ministro, es la negativa a facilitar la documentación requerida por el fiscal Gianncarlo Capaldo para el mega juicio por el Plan Cóndor que se ha iniciado en Roma - Italia y que tendrá su primera audiencia el próximo 12 de febrero [11]. El pasado 29 de enero se venció el plazo para el aporte de pruebas de parte de los testigos para dicho juicio, quedando sin respuesta el pedido que se le hizo al ministerio de Defensa, el cual posee el archivo más importante para aportar pruebas en estos casos. En dicho juicio, se acusará, en el marco de los crímenes del Plan Cóndor a una treintena de militares latinoamericanos, entre los que se incluyen varios uruguayos como Gregorio álvarez y Jorge Tróccoli.

El general Manini Ríos: miembro de una logia reaccionaria y una familia de tradición ultraderechista.

El general Manini Ríos es miembro de la logia Tenientes de Artigas de las FFAA, la cual es reconocida por ser una de las facciones de agrupamiento político más derechista dentro de las FFAA. Se dice que los principales miembros del golpe de estado de 1973 y los principales responsables de los crímenes de la dictadura eran miembros de esta logia del Ejército.

A su vez Manini es miembro de una familia política de tradición colorada, fundadores del riverismo, sector reaccionario, que venía a representar el ala derecha del partido Colorado. Su abuelo Pedro Manini Ríos y su padre Carlos fueron altos funcionarios de la dictadura de Gabriel Terra en la década de los 30s. Posteriormente Carlos Manini Ríos ocupó cargos ministeriales durante el gobierno del derechista y represor Jorge Pacheco Areco en los 60s (gobierno en el cual asesinan a los primeros mártires estudiantiles de la época), para posteriormente ser embajador en Brasil durante los años de la dictadura, entre otras perlas de su dilatada trayectoria política. Guido, también es hermano del empresario Hugo Manini Ríos (ex presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz durante el gobierno de Jorge Batlle) y actualmente en filas del FA, también fue ex fundador del grupo de ultraderecha en los 60s y 70s Juventud Uruguaya de Pie (JUP), participante del escuadrón de la muerte e involucrado en el asesinato del 11 de agosto de 1972 del joven trabajador y estudiante militante de izquierda Nelson Santiago Rodríguez Muela.

Venido de una familia represora y criminal como la suya, que tuvo especial participación en la represión de los 60s y 70s, este individuo tiene todavía el descaro de declarar que no es muy optimista en cuando a la obtención de nuevos datos para la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura! [12]

Desde la Juventud Revolucionaria Intenacionalista (JRI), junto a la Agrupación Universitaria Tesis XI de Fac. De Humanidades, venimos manifestándonos contra la impunidad y los avances de la reconciliación con los asesinos y violadores de la dictadura y sus cómplices. Reconciliación que es la continuidad de los pactos de impunidad (que empiezan con el Pacto del Club Naval) de los principales partidos del régimen con los criminales de la dictadura y se han convertido en pilares fundamentales de este régimen político. Pero también nos hemos manifestado y denunciado claramente que la impunidad de ayer continúa en la represión de hoy, que se centra en especial en quienes salen a luchar (por ejemplo, los docentes en 2013 que fueron espiados por el Departamento de Operaciones Especiales, DOE) y en la juventud pobre (ahí tenemos el caso más emblemático de Sergio Lemos baleado por la policía en el Cerro, pero lamentablemente no es el único). En un estado basado en la desigualdad de clases, las fuerzas represivas sirven para cuidar la propiedad de los capitalistas y para reprimir toda protesta social y/o movimiento de izquierda que pretenda cuestionar las bases que garantizan esa desigualdad.

Es necesario librar una lucha en las calles contra la impunidad de ayer y la represión de hoy, organizando un amplio movimiento democrático, que sea independiente del gobierno y de los partidos tradicionales, y que esté encabezado por las organizaciones de derechos humanos, por los familiares de las víctimas y por las organizaciones sindicales, políticas y estudiantiles.

El PIT-CNT, la FEUU y otras organizaciones que representan a las masas populares deben romper el seguidismo con el gobierno y ponerse a la cabeza de la lucha contra la impunidad de ayer y la represión de hoy.

* Apertura de todos los archivos de la dictadura. Basta de encubrir a asesinos. Huidobro se tiene que ir ya.

* Abajo la Ley de Caducidad. Juicio, castigo y cárcel común para los asesinos y sus cómplices.

* Justicia para Sergio Lemos y todos los casos de abusos policiales.

* Disolución del DOE y desmantelamiento de todo el aparato represivo que viene de la dictadura.

* Fuera las tropas (de ocupación) uruguayas de Haití. Basta de represión al pueblo haitiano.

[1] Ver:“Nueva cúpula militar para Vázquez”. El País, 3 de febrero de 2015. “Cuento de no terminar”. La Diaria, 3 de febrero de 2015.

[2] Ver op. Cit. El País, 3 de febrero de 2015.

[3] Ver: op. Cit. ”. La Diaria, 3 de febrero de 2015.

[4] Ver op. Cit. El País, 3 de febrero de 2015.

[5] Ver: Op. Cit. El País, 3 de febrero de 2015.

[6] Ibídem.

[7] Por ej. el ministro las tildó de ONGs al servicio del imperialismo, entre otras cosas.

[8] Ver: “Camino de las tropas”. Montevideo Portal, 15 de enero de 2015.

[9] Ver: “Uruguay hará un retiro total e inmediato de sus tropas en Haití”. Uypress, 15 de enero de 2015.

[10] Ver: “Uruguay prorroga la presencia tropas militares en Haití”. El Espectador, 29 de diciembre de 2014.

[11] Ver: “Silencio Oficial”. AGESOR, 30 de enero de 2015.

[12] Ver: op. Cit. El País, 3 de febrero de 2015.

El "affaire" Pluna genera una crisis política en el gobierno

Sebastian Munch, Walter Vidal — 2014-01-09T05:00:00Z

Diciembre de 2013 culminó con la mayor crisis política en la breve historia de los gobiernos frenteamplistas. El mediodía del sábado 21 de diciembre el Ministro de Economía y Finanzas hasta ese entonces, Fernando Lorenzo oficializaba su renuncia al frente de dicha cartera. Ya desde las primeras horas del sábado cuando fuera convocada la conferencia de prensa, el malestar se hacía presente en las filas del gobierno. Es que el día anterior habían sido procesados con prisión Matías Campiani (Gerente general del Leadgate S.A.), Sebastián Hirsch y Arturo álvarez Demalde por el delito continuado de estafa especialmente agravada, lo que incluye desvío de fondos, y el liso y llano vaciamiento de la ex aerolínea de bandera uruguaya Pluna S.A. que declaró la quiebra en 2012. Este hecho generó inmediatas repercusiones a nivel nacional e internacional, lo que provocó la "caída" de Fernando Lorenzo, ya que junto a Fernando Calloia (presidente del Banco República), y otros funcionarios del gobierno completan el círculo de la trama Pluna que va desde la firma del contrato con Leadgate, la liquidación de la empresa luego de la fuga de estos últimos con sus respectivas garantías de impunidad, hasta el escandaloso aval por 13 millones de dólares otorgado a la empresa "española" Cosmo S.A. (propiedad de López Mena) para la presentación en la "subasta", recordada por ser un burdo montaje en toda la línea.

El vaciamiento de Pluna: una historia de pillaje capitalista

En el año 1992 el gobierno de Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) intenta promulgar una ley de empresas públicas mediante la cual daba riendas sueltas a las privatizaciones. Fue el mayor intento privatizador de los gobiernos neoliberales noventistas, que fue derrotado parcialmente por la lucha de los trabajadores y su canalización por la burocracia frenteamplista del PIT-CNT hacia la vía plebiscitaria. Lamentablemente por acción del Frente Amplio y la burocracia sindical (aún en contra del sindicato de Pluna y de sus trabajadores), se negaron a pelear por la no privatización de Pluna en aquel momento 100% estatal. El resultado de esto fue la reconversión de la aerolínea para luego ser asociada con la brasileña Varig en 1995. Cuando Varig a mediados de los 2000 se declara en quiebra, las deudas de ésta con Pluna y el estado uruguayo eran inmensas. Ya con el Frente Amplio en el gobierno en 2006 fueron a la búsqueda de capitalistas que se hicieran cargo del 75% de la aerolínea. Es así como aparecen Paul Elberse de Ficus Capital quien se embolsó un millón de dólares por traer a su amigo Matías Campiani (a su vez, perteneciente a una familia de piratas que entraron en negocios con el Estado en la época del gobierno de Jorge Batlle). Es así como en febrero de 2007 el gobierno frenteamplista firma el acuerdo con Campiani. En Junio de 2012 las deudas de Pluna se multiplicaban, en aquel entonces el director de la refinería Raúl Sendic mandaba cortar el suministro de combustibles para la aerolínea, reclamando un pago de más de 500 millones de dólares. Unos días más tarde Pluna S.A. se declara en quiebra, quedando en evidencia el faltante de fondos (por 300 millones de dólares) de una empresa que no solamente no fue capitalizada, sino que fue vaciada. Un gran negocio para Campiani (al que encima el gobierno le garantizó la impunidad, lo que dificulta hoy día las posibles acciones del estado contra este estafador internacional) a costa de las arcas estatales que le costó el trabajo a casi 900 familias.

El Frente Amplio se muerde la cola

Ante lo sucedido, diversos sectores del partido de gobierno han salido a criticar con gran cinismo el modelo de asociación público-privada, planteando que ahora el problema de la aerolínea de bandera (a la luz de los problemas suscitados a partir de la desaparición de Pluna) no debe ser visto como un negocio, sino como un “bien social”. Es que el caso Pluna muestra y anticipa el destino de las políticas privatizadoras que el gobierno frenteamplista está llevando a cabo en AFE (Administración de Ferrocarriles del Estado) y la petrolera ANCAP, mediante la Ley de Asociación Público-Privada aprobada en el año 2012. Una línea en consonancia con el pago de la deuda externa; y la apertura a mega proyectos financiados por el imperialismo como el puerto de aguas profundas de Rocha, la planta regasificadora de Puntas de Sayago, Montes del Plata (celulosa), y la megaminería a cielo abierto, que viene desatando importantes protestas de diversos sectores, entre otros.

Ahora, a partir de la situación por el caso Pluna, algunos sectores del FA ponen a la Suprema Corte de Justicia en el lugar de “enemigo externo” (para desligar responsabilidades), por el cual, la derecha actúa camufladamente. Lo que se olvida de mencionar esta tesis es que es la misma SCJ que junto al Ministerio del Interior a cargo de Bonomi (más específicamente el Departamento de Operaciones Especiales) que durante 2013 ha perseguido y procesado militantes obreros y populares y de Derechos Humanos, actuando en plena connivencia ambos poderes.

El “progresismo” administrando el Estado capitalista

El Frente Amplio ha querido dar la imagen que con una coalición de “izquierda” administrando el estado burgués se puede llevar adelante una gestión transparente y honesta. El estado, como instrumento de clase al servicio de garantizar los negocios de los grandes capitalistas, necesita de un personal político adepto y leal a este fin. Por tanto, la corrupción en los distintos estamentos del estado (y a nivel internacional) es algo intrínseco al sistema capitalista, ya que los grandes grupos económicos presionan a su personal político (distribuidos en los distintos partidos patronales) para que toda la gestión del estado sea enteramente en su beneficio. Así se sancionan leyes anti-obreras, se legaliza la flexibilización de las formas de contratación de la fuerza de trabajo, se consiguen exoneraciones impositivas para determinadas empresas y ramas de la economía, y un largo etcétera. Como plantearon los fundadores del socialismo científico, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista: “el gobierno del estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”.

Si bien en este caso, no parece haber existido un beneficio personal de los funcionarios de gobierno, de lo que no se pueden salvar es de los negociados con los lobbies empresariales, que todo el tiempo están pujando por mayores beneficios [1]. Así, los funcionarios frenteamplistas son desde hace años (el Frente Amplio gobierna Montevideo desde 1990, y ya tiene en su haber el escándalo de los Casinos municipales por el que fue procesado el ex director municipal de Casinos, Juan Carlos Bengoa en tiempos de la Intendencia de Mariano Arana) vehículos para garantizar las ganancias de los grandes grupos de poder. Esto demuestra que como coalición en el gobierno se transformó (desde 2005) de una coalición de centroizquierda y reformista de oposición a un “partido de la gestión estatal” (reemplazando al Partido Colorado, el histórico partido administrador del estado).

Desde una perspectiva de clase (la única realista), es imposible evitar esta relación con los grandes capitalistas nacionales y extranjeros y los lobbies si no se atacan directamente a las bases fundamentales de la estructura capitalista de la sociedad que genera entre otras muchas miserias la desigualdad y el privilegio de clase. Por ejemplo, el gobierno podría haber expropiado sin pago no solamente la vaciada Pluna, sino confiscado todos los activos que los vaciadores tienen en Uruguay (y perseguido los que tienen en el exterior) y tomarlos como forma de pago por todos los años de robo, y poner una línea aérea de bandera estatal gestionada por sus propios trabajadores, que son los únicos que no tienen mayor interés que el de mantener su fuente de trabajo y brindar un servicio de calidad, y que fueron los grandes perjudicados. Pero el carácter de garante y representante de los negocios capitalistas que ha adquirido el FA desde que accedió al gobierno nacional, hace totalmente imposible este tipo de medidas.

La burocracia sindical y su rol frente a Pluna

La burocracia sindical frenteamplista que fue cómplice de la privatización de PLUNA en 1992, y le dio la bienvenida a Leadgate en 2007; en 2012 plantea la salida cooperativista tomando el modelo de FUNSA (es decir, sociedades anónimas entre cooperativas de trabajadores y capitalistas), y en 2013 frente al pedido de procesamiento de Lorenzo y Calloia realizan caravanas en apoyo a estos. Aquí queda demostrada la política de subordinación de los trabajadores al gobierno por la que optó el PIT-CNT. Cuando fracasa la privatización con Leadgate y comienza a destaparse el vaciamiento y la corrupción, la política de los dirigentes sindicales (acompañado por el FA) fue llamar a los trabajadores de Pluna a confiar en que el gobierno brindaría una salida para mantener la fuente de trabajo. Esto también para garantizar la estabilidad del régimen mediante la contención del movimiento obrero, ya que para el gobierno y toda la dirigencia frenteamplista, que los trabajadores de Pluna encararan una lucha con independencia política de los partidos del régimen, significaba un mal ejemplo para el resto de los trabajadores y ponía en riesgo una salida negociada para el conflicto. En este sentido, las medidas que propuso la dirección del PIT-CNT fueron para presionar al gobierno, pero en ningún momento tuvo la intensión de una lucha seria por la defensa de los puestos y la continuidad de la aerolínea.

Primeras turbulencias para un año electoral

El escándalo abierto demuestra, como ya expresamos, la complicidad entre gobierno y empresarios en un estado que mantiene la desigualdad de clase y garantiza la ganancia capitalista.

Esta granada, que explota en las manos de los dirigentes frenteamplistas a las puertas del año electoral, ha disparado diversas reacciones en el régimen. Por un lado la plana mayor del FA (no sin contradicciones) le ha dado su apoyo moral y político a Lorenzo y Calloia, aunque pusieron sobre la mesa el problema "constitucional" del delito de "Abuso innominado de funciones (ver semanario Búsqueda N° 1745, 28/12/2013)". Para los dirigentes frenteamplistas parecería que no hay nada mejor para evitar la corrupción que... ¡eliminar el delito del Código Penal! Por su parte, la derecha tradicional a través de sus medios de prensa y voceros centran sus baterías en la crítica al proceder del gobierno frenteamplista, sin decir una sola palabra que ellos mismos privatizaron la aerolínea en el marco de la ofensiva noventista contra los trabajadores y el pueblo.

En resumidas cuentas, la crisis es tal que no solamente fueron citados a declarar Lorenzo y Calloia (con pedido de procesamiento sin prisión por abuso de funciones), sino que el propio ex-Presidente y presidenciable más fuerte del régimen, Tabaré Vázquez terminó declarando como indagado en el juzgado del crimen organizado. Una verdadera postal. Además, a partir de este escándalo se dispara una dinámica interna en el Frente Amplio que se expresa en el recambio de casi una docena de funcionarios políticos ligados a entes autónomos y ministerios (ver semanario Brecha N° 1466, 29/12/2013).

Que la derecha se haya beneficiado coyunturalmente con el escándalo que salpica al oficialismo, no es mérito de ella sino de lo profundo de la crisis al interior del elenco gobernante, en especial aquellos sectores que serán los pilares del futuro tercer gobierno. Nos referimos a Tabaré Vázquez por un lado, y Danilo Astori, cuyo sector recibió los mayores golpes, lo que implicará una pérdida de influencia del “astorismo” dentro del FA (aunque siga siendo el preferido por las cámaras empresariales y el departamento de estado norteamericano) y un posible ascenso del Partido Socialista.
Asimismo, será importante ir midiendo cómo impacte esta situación de cara a las próximas elecciones, teniendo en cuenta que venimos de síntomas de apatía y descreimiento en importantes sectores de la base electoral frenteamplista, en especial de su base “histórica” (militancia de los comités de base) que viene desilusionada con el gobierno de Mujica (ya la mayoría de los analistas políticos burgueses echan por tierra la posibilidad de un tercer gobierno del Frente Amplio con mayorías parlamentarias). Esto, sumado al descontento abierto de sectores de vanguardia de trabajadores que, como los docentes en 2013, cuestionaron con su lucha el "modelo" frenteamplista.

Quedará ver, por su parte, cómo queda parada la dirección del PIT-CNT, también salpicada por sus propios escándalos (Plan de Vivienda Sindical). Esta situación, debilita su legitimidad y capacidad de contención frente a los justos reclamos de los trabajadores que intenten, una vez más, hacer llegar sus magros haberes al costo de la canasta familiar, o que reclamen la responsabilidad penal de los empresarios negreros en la construcción, o que defiendan la salud y la educación frente al desfinanciamiento estatal, o bien que peleen por el desprocesamiento de los luchadores populares.

Por un sistema de transporte estatal y bajo control obrero. Construyamos una alternativa revolucionaria de los trabajadores y la juventud.

La clase obrera y el pueblo pobre debemos pelear por un sistema de transporte 100 % estatal y bajo control obrero, que cumpla su función social al servicio de las mayorías populares, inclusive en el caso del transporte aéreo. Para esto hay que dejar de pagar la deuda externa e imponer impuestos a las grandes fortunas.

La clase obrera, los estudiantes y los sectores populares debemos sacar las lecciones de todos estos años a partir de la experiencia con el Frente Amplio, un frente de conciliación de clases que desde 2005 conduce el Estado capitalista uruguayo al servicio de los intereses de los explotadores, y darse el ambicioso objetivo de construir un verdadero partido de los trabajadores revolucionario que luche por un gobierno de los trabajadores y el pueblo oprimido.

[1] Por ejemplo, en este caso, cuando desde el comienzo se contratan los servicios de un financista internacional Elberse, el cual desde la época de Jorge Batlle venía lucrando a costa del estado, es sabido que lo echaron del Nuevo Banco Comercial cuando salió a la luz que cobraba un sueldo de 30 mil dólares mensuales (no sin antes llevarse una indemnización de 1,2 millones de dólares) que a través de Ficus Capital (durante el gobierno de Vázquez) asesoró al estado para encontrar un socio privado para Pluna (llevándose otro millón de dólares más por esto) y que finalmente terminó siendo Leadgate de Matías Campiani (el cual era hijo de un director del Nuevo Banco Comercial cuando Elberse era funcionario de éste).